“No ha habido excesos autonómicos sino un débil papel del Estado”

“Creo que el copago no resuelve los problemas del sistema”

“Si no se adoptan medidas, nos podemos ver abocados a un sistema insostenible”

Enrique Pita / Imagen: Pablo Eguizábal. Valladolid
Antonio María Sáez Aguado ha pasado por todos los niveles de la administración sanitaria en Castilla y León: consejero, director general de Salud Pública y gerente del Servicio de Salud. Es, por tanto, una voz más que autorizada para evaluar no solo el estado actual de la sanidad castellanoleonesa, sino para ofrecer un diagnóstico de los problemas y retos a los que se enfrenta el sistema sanitario público en España. Copago, recortes, catálogo común de prestaciones, o colaboración público privada son algunos de los temas que aborda esta entrevista. Además, el consejero defiende al sistema autonómico de algunos ataques tópicos, como el de los excesos cometidos por las administraciones regionales, y considera que los problemas sanitarios tienen más que ver con una debilidad del papel del Estado.

El momento económico actual está llevando a algunas comunidades autónomas a plantearse una colaboración más profunda con el sector privado. Castilla y León, por sus características, ¿es también una autonomía susceptible de profundizar en esta relación?

En Castilla y León hemos explorado algunas iniciativas en esta línea, concretamente en el Hospital Universitario de Burgos, donde en estas semanas ya están empezando a funcionar las consultas externas, algunos servicios quirúrgicos y en un plazo de un mes y medio trasladaremos por completo ese hospital. Es un modelo de colaboración público-privada que creo que ha sido positivo. Curiosamente, ante algunas críticas sobre estos modelos nosotros hemos tenido que decir que probablemente esta experiencia, construir un nuevo hospital, no hubiéramos podido hacerlo exclusivamente con presupuestos públicos en estos momentos de crisis económica.

La experiencia ha sido positiva, aunque creo que en Castilla y León, por las características territoriales de esta comunidad, esos modelos tienen un menor interés que en comunidades como Madrid. Hay que pensar que la atracción que puede suponer generar recursos a través de la colaboración público-privada en zonas territoriales más dispersas o con menos población es más complejo porque hay que hacer algunas correcciones a esa colaboración privada desde un punto de vista público.

Por lo tanto, en principio no está en nuestra agenda poner en marcha nuevas experiencias. Vamos a terminar de completar la del Hospital Universitario de Burgos, un hospital magnífico, y a partir de ahí analizaremos si es más eficiente y es más útil seguir profundizando en esta línea.

En las diferentes autonomías donde se aplican este tipo de modelos la oposición política suele criticar a la administración por la temida privatización de la sanidad. ¿Hay que hacer una labor de divulgación, no solo con la oposición, sino también con los profesionales y los ciudadanos?

Estos debates se plantean en los momentos previos a que funcionen los centros. Aquí lo hemos tenido en relación con el Hospital de Burgos, pero creo que en cuanto han empezado a funcionar las primeras consultas, el debate se ha diluido. El ciudadano percibe que ha ido a un hospital nuevo, con unas instalaciones magníficas, con los mismos profesionales que trabajaban en el anterior hospital y en las mismas condiciones, y cuando iniciemos la hospitalización dentro de pocas semanas ocurrirá lo mismo. Y esto es lo que creo que combate esas fantasías y esos fantasmas sobre la posible privatización. En este caso, el Hospital es un centro que nos alquila un consorcio de empresas que lo ha construido y lo ha equipado y nosotros lo utilizamos, y durante un tiempo pagamos por esa utilización. Además, hemos incorporado la gestión de 14 servicios no asistenciales, desde la cocina a la lavandería, como se hace de una manera fragmentada en cualquier hospital público. Aquí lo hemos concentrado para tener economías de escala y la empresa lo que hace es facilitarnos un hospital magnífico y con esos 14 servicios no asistenciales. A partir de ahí, nuestros trabajadores públicos se incorporan a esas instalaciones y los ciudadanos perciben la misma asistencia, en las mismas condiciones, que venían percibiendo antes y el debate se diluye.

De hecho, la oposición política no critica ya la supuesta privatización, sino que se ha transformado en una crítica sobre si el coste ha sido mayor o menor que si hubiera sido un hospital público. En eso la oposición también avanza y se va dando cuenta de que algunas cosas están fuera del debate y de la realidad.

Desde algunos sectores de la sanidad privada se reclama recuperar la desgravación fiscal que hace unos años se ofrecía a las personas que contrataban un seguro privado de salud. Baleares acaba de anunciar que, no de manera universal, pero sí se va a ofrecer esta posibilidad…¿Cree que es una medida que favorecerá que se contraten seguros privados y a su vez descarguen al sistema público?

Cuando el anterior Gobierno de la nación planteó eliminar esta desgravación no me pareció una medida demasiado acertada. Al fin y al cabo es la libertad de las personas de tomar las decisiones sobre su aseguramiento más allá de su aseguramiento público, y el que quiera contratar más es muy libre de hacerlo. Efectivamente creo que en alguna medida libera al sector público de una cierta carga y una cierta presión asistencial.

En Castilla y León no nos lo hemos planteado, quizá también porque el sector privado no tiene las dimensiones que puede tener en otras comunidades. Aquí es un sector que está más vinculado al sector público a través de la concertación y quizá por ese menor peso relativo no sea un elemento fundamental.

La Junta ha anunciado hace pocos días que se va a acoger al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno. ¿En qué situación está la comunidad?

Es una medida en mi opinión fundamental para el conjunto de la sanidad pública española. La deuda sanitaria se ha generado por dos tipos de circunstancias. Quizá hay una estructural, y es que hay una presión y una reclamación por parte de los ciudadanos de disponer de una sanidad cada vez mejor, cada vez más ágil, cada vez más rápida y cercana, también de los profesionales por disponer de las mejores tecnologías, y de la industria por incorporar toda la tecnología posible. Esto es una cuestión estructural que siempre tensiona la sanidad a un crecimiento que va por encima del crecimiento de la riqueza de las personas y los países, y de hecho el crecimiento del gasto sanitario sistemáticamente ha sido en España superior al del Producto Interior Bruto.

Después hay una razón coyuntural que en mi opinión deriva del fracaso del modelo de financiación autonómico, que se dibujó como un modelo que iba a aportar recursos adicionales que después no existieron. Eso, en la situación de crisis económica, en la que se reducen también los ingresos propios de la comunidad, ha ido generando esa deuda que es un problema común a todas las comunidades autónomas. No es porque se gestione mejor o peor, sino porque hay un problema estructural. Por eso me parece fundamental que el Gobierno lo haya abordado a través de este fondo, porque si no esto iba a terminar por ahogar la hacienda de las comunidades autónomas, no solo de la sanidad.

En Castilla y León nos hemos puesto a trabajar, ya habíamos tenido muchas relaciones con nuestros proveedores. Estamos en unos niveles de deuda creo que medios para lo que es el conjunto nacional. Nos hemos adherido al procedimiento y estamos estos días precisamente cerrando los listados de facturas, de forma muy exhaustiva, cotejando con los propios proveedores para que no haya errores ni diferencias, y a lo que aspiramos es que, tal como parece, el modelo nos va a dar un importantísimo oxígeno porque se estaba transformando en una losa para los servicios de salud autonómicos. Saber que no estábamos pagando a los proveedores, los propios proveedores incrementando algunos precios porque tenían que contabilizar sus costes financieros y la demora en el pago, al final es un mecanismo perverso que afortunadamente parece que se va a cortar con el desarrollo de este fondo.

¿Se puede decir que en 2012 las empresas van a ver, si no saldadas en su totalidad las deudas, si cómo decrecen?

Creo que con carácter general casi todas la van a ver saldada. Pueden quedar algunos flecos porque el fondo, por una serie de razones que tiene que ver con el déficit y la deuda, no puede contemplar intereses sino el pago del principal, y quizá haya algunas empresas que no renuncien a la aportación de los interés y que pudieran quedar fuera del fondo, pero creo que en nuestro caso va a ser limitado y con carácter general, y según nos dice el Ministerio de Hacienda, en este verano quedará saldada la práctica totalidad de la deuda con esas excepciones.

Por carácter general diría que más del 80 por ciento de las empresas están dispuestas a renunciar a esos intereses de demora, que también tiene lógica, a veces por aspirar a todo se fracasa en el objetivo, y sobre todo las empresas grandes, que son una parte importante de nuestros acreedores, tienen capacidad suficiente para absorber esa renuncia a los intereses de demora y tener retribuida la deuda principal.

Otra de las medidas que están adoptando algunas comunidades es el céntimo sanitario, Castilla y León es una de ellas. Parece que es una medida adecuada en este momento…

A nosotros no nos ha gustado. Es curioso, pero esta era la única comunidad autónoma que no tenía impuestos propios, pero a raíz de la dificilísima situación económica incluso el Gobierno de Castilla y León module de alguna manera su política tributaria e impositiva. De hecho, en los últimos días de 2011 tomamos estas decisiones: implantar el céntimo sanitario, recaudar el impuesto de patrimonio y crear algunos impuestos medioambientales. Por primera vez en esta comunidad se han creado impuestos. Esto explica lo difícil de la situación, que obliga a un gobierno a modificar esas cosas. Lo hicimos en un contexto en el que esa mejora impositiva se complementó con una reducción de la estructura administrativa del Gobierno y del sector público autonómico y con la ampliación de la jornada a los trabajadores públicos. Un esfuerzo que creemos que es equilibrado porque pide esfuerzo a los ciudadanos, a la propia Administración y a los trabajadores públicos, y cuyo objetivo es hacer compatible nuestro objetivo de déficit con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

El céntimo sanitario es un impuesto que como es aceptado y finalista se va a destinar exclusivamente a la financiación de la sanidad pública y a su mantenimiento, que es una prioridad del Gobierno de Castilla y León. Es una medida que hemos tenido que tomar, pero no nos ha gustado.

¿Tienen previsiones de cuánto pueden recaudar con esta medida?

En principio la previsión es que la recaudación de un año completo se acerque a 140 millones de euros. Hemos ido al tope máximo del céntimo sanitario y esa es la estimación que tenemos. Son recursos muy bienvenidos para seguir manteniendo la sanidad pública.

Aquí ha sido poco comprendido, pero creo que las cosas hay que plantearlas con claridad y cuando se reducen los ingresos o consigues más ingresos o tienes que reducir los gastos. En alguna medida podemos reducir gastos, pero hasta un límite que no afecte a la calidad de la asistencia sanitaria, y por lo tanto tenemos que tomar medidas de incrementar los ingresos como hemos hecho a través del céntimo. La oposición nos dice que no a todo, que no apoya el céntimo, que no quiere recortes en sanidad y que tampoco quiere copago…pero alguna medida tendremos que tomar, algunos ahorros hay que hacer, y ya estamos trabajando en ello para incrementar los ingresos, porque si no, la cuestión demagógica es la que aparentemente defiende la sanidad pública pero nos lleva a una situación límite que es insostenible y eso es lo que no podemos permitir en Castilla y León.

Supongo que la central de compras va en la línea de estas medidas de ahorro…

Hemos iniciado ya cosas, tenemos, creo recordar, 16 acuerdos marco, es decir, contratos de suministros centralizados a los que después cada hospital o cada centro se adhiere y negocia sobre un precio máximo. Licitamos la compra de jeringas, agujas, de catéteres, por ejemplo, establecemos unos topes máximos que al agregarlo reduce los precios y después cada centro incluso negocia sus necesidades de suministro intentando que las tres o cuatro empresas que pueden suministrarle porque han ido a esos precios le suministren.

Junto a eso nos hemos posicionado favorablemente a las medidas del Ministerio de Sanidad. El año pasado en la campaña de vacunación de la gripe ya estuvimos siete comunidades autónomas, y solo por eso se redujo en un 25 por ciento el gasto en vacuna de la gripe. Nos hemos vuelto a adherir este año, ya somos trece comunidades, y también para iniciar los trámites para la adquisición del resto de vacunas de la campaña. Vamos a seguir apostando por esa centralización, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Por eso planteamos en su momento al Ministerio que siempre nos vamos a adherir a la centralización de compras o ese tipo de procesos que encajen en nuestras necesidades. Hay cosas que son muy claras, como la vacunación, pero hay tecnologías que se podrían agregar también a esa centralización y algunas otras cosas habrá que ajustarlas pero se puede seguir avanzando.

Habla de que no es momento de grandes inversiones. ¿Quedan en segundo plano la construcción de infraestructuras en estos tres años que quedan de legislatura?

Cuando faltan los recursos y hay que garantizar lo fundamental, que es pagar la nómina a nuestros médicos y a nuestras enfermeras y que los centros funcionen, hay que priorizar y tomar decisiones. Hemos planteado que no vamos a hacer nueva construcción de centros de salud, y creo que lo podemos hacer porque en estos últimos años hemos construido 50 centros nuevos y hemos ampliado y remodelado 72, hemos actuado de manera integral en 132 centros de salud, casi la mitad nuevos. Y respecto a los hospitales ocurre algo parecido, construimos el nuevo Hospital Río Ortega de Valladolid, acabamos de termina la construcción del Hospital Universitario de Burgos, y este ritmo tiene que reducirse. Pero aunque no hubiera una situación de crisis económica necesariamente se habría tenido que reducir porque muchas inversiones ya están hechas, pero la situación nos hace renunciar a algunos centros de salud que teníamos previstos e incluso en algún caso hemos anulado la licitación, que estaba pendiente tan solo de adjudicar la obra, y estamos todavía en fase de definir el ritmo de continuación de las obras en algunos hospitales, fundamentalmente la obra del Hospital Clínico de Salamanca y el Hospital Clínico de Valladolid, donde tendremos que atenuar el ritmo, pero hasta que no aprobemos los presupuestos de la región para 2012 no tomaremos decisiones.

Es curioso que Castilla y León no tiene presupuestos para 2012. Hemos sido precavidos. Si no sabemos los ingresos que vamos a tener, ¿tiene sentido aprobar unos presupuestos sobre un ingreso ficticio? Como el Gobierno de la nación no quiso prorrogarlos ni presentar unos nuevos, teníamos la incertidumbre de cuáles iban a ser nuestros ingresos, y por lo tanto decidimos prorrogar el de 2011 y esperar a conocer el escenario macroeconómico y las previsiones de ingresos que íbamos a recibir y ahora presentaremos nuestro proyecto.

Me gustaría además hacer un comentario a los Presupuestos Generales del Estado. Afortunadamente garantizan los mismos recursos del modelo de financiación de la sanidad, de manera que ahí nos van a transferir lo mismo que en 2011, que no es poco en situación de crisis. Además hay otra serie de transferencias finalistas que el Gobierno ha reducido, pero debo decir que en Castilla y León representaban el año pasado el 0,16 por ciento de nuestro presupuesto, por lo que aunque se reduzcan no va a tener ningún impacto. Por lo tanto, que se garantice la misma cuantía y sobre todo la importancia del fondo de pago a proveedores, es un balón de oxígeno como para tener una perspectiva de que vamos a poder mantener las cosas haciendo algunos esfuerzos.
 

El consejero responde a las preguntas de Ricardo López, director general de Sanitaria 2000 (centro) y Enrique Pita, redactor.

¿En esos presupuestos autonómicos va a haber también una disminución en la partida sanitaria similar al que ha tenido el Ministerio de Sanidad?

No, estoy seguro de que no va a llegar a esas cifras. Los presupuestos de los ministerios se han reducido casi un 17 por ciento, el de Sanidad un 13,6, y aquí no vamos a ir a esas cifras, ni mucho menos. Incluso confío en que podamos quedarnos como estábamos.

Aunque en los servicios de salud autonómicos hay un problema histórico, y es que había una tendencia a la infrapresupuestación. Si uno analiza para el conjunto del Sistema Nacional de Salud todos los servicios autonómicos cuál era el presupuesto de un año y cuál ha sido el gasto, sistemáticamente todos los años, agregadamente todas las comunidades, ha habido una diferencia de más de un 9 por ciento entre el presupuesto y el gasto. Normalmente en las épocas de bonanza no había problemas, se demoraban algunos pagos al año siguiente, se iniciaba el año pagando eso que no se había podido pagar el año anterior, y así se continuaba. Eso alimentaba un poco la deuda, pero este año, una vez que apliquemos el fondo a proveedores y nos comprometamos a mantenernos en los niveles de déficit esto ya no puede ocurrir, por lo que aunque dispusiéramos de presupuesto del año pasado, algunos ajustes tendremos que hacer para garantizar que no se vuelva a producir esa transmisión al año siguiente de algunos pagos por falta de presupuesto a final de año. E insisto que esto ha sido una constante en el SNS en los últimos años.

Creo que en términos del esfuerzo que se va a hacer en sanidad, confío en que o bajemos muy poco o se mantenga el presupuesto. Sería asumible en estos tiempos de crisis y lo que indica es un compromiso y una prioridad política. En Castilla y León siempre ha crecido más el presupuesto sanitario que el del conjunto del Gobierno, y ha ido ganando peso todos los años. Cuando se transfirió el Insalud éramos el 32 por ciento de todo el presupuesto autonómico, y ahora somos el 35. Eso es priorizar. Las grandes declaraciones son muy bonitas pero luego hay que verlas reflejadas en el presupuesto.

¿A qué acuerdo han llegado con los sindicatos para la ampliación de la jornada laboral? ¿Ha sido complicado convencer a los profesionales?

No ha sido fácil porque a nadie le gusta trabajar más ganando lo mismo, y nosotros lo habíamos planteado en un contexto en el que decidimos poner más impuestos, adelgazar la administración y pedir un esfuerzo a los profesionales. No es una medida aislada.
 

Además, en sanidad no gusta por una razón adicional, porque a diferencia de otros sectores de la administración pública en los que es posible decir “entre usted un cuarto de hora antes y salga un cuarto de hora después” y con eso se cumple la ampliación. Pero en el ámbito sanitario eso tiene poco sentido porque lo que pretendíamos es generar unos ahorros con esa ampliación, y esa era la “condición” que poníamos. Ahorros que derivan de actividades extraordinarias, las llamadas peonadas, que se absorberían en esa jornada ampliada, pero también de otras retribuciones como por ejemplo por pasar visita los sábados o cosas de este tipo.

A los sindicatos lógicamente no les ha gustado pero creo que finalmente se ha entendido, sobre todo con el compromiso de que no se tocaban las retribuciones. Se mantienen y creo que eso en estos tiempos ayuda a comprender mejor.

¿Qué ahorro han calculado con esta ampliación de jornada?

Hemos estimado un ahorro de entre 35 y 40 millones de euros. Fundamentalmente porque absorbemos las peonadas y alguna otra actividad extraordinaria, y porque necesitaremos menos sustitutos al ampliar algunos días la jornada anual. No es mucho dinero, pero va sumando con otras cosas.

El Consejo Interterritorial se reunió hace algo más de un mes. Se habla de que ahora es más fácil alcanzar acuerdos o llegar al Pacto de Estado por la Sanidad por la uniformidad del color político en las autonomías y el Gobierno central. Pero esto puede ser también un arma de doble filo…

Aparentemente es más fácil, allana un poco el terreno, pero creo que lo importante es conseguir pactos amplios. Hay cuatro comunidades autónomas y la duda de Asturias que no son gobernadas por el PP, por lo que lo ideal sería sumar al pacto a todas o a prácticamente todas. A partir de ahí depende también de cuál sea el contenido de ese Pacto.

Nosotros desde luego apostamos por varias líneas. Una de ellas, la de mayor cohesión del sistema. Con frecuencia se nos acusa a las regiones de los excesos autonómicos, y creo que en sanidad no ha sido así, teníamos que funcionar, teníamos que tener tarjeta sanitaria, teníamos que tener sistemas de información, teníamos que tener historia clínica, y si el Estado no hacía nada al final nos hemos encontrado con 17 maneras de hacerlo. Pero no es por los excesos autonómicos de los que se habla sino por el débil papel del Estado. Hemos propuesto reforzar el liderazgo del Ministerio en un Sistema Nacional de Salud más cohesionado. Las primeras medidas que se han adoptado han sido muy positivas en relación con el calendario de vacunación, con la compatibilidad de la tarjeta, la historia clínica, e intentar avanzar en la central de compras y ahora hay que concretarlo un poco más.

Para mí faltaba una cosa, los servicios comunes del SNS. El ejemplo es la Organización Nacional de Trasplantes. Es la mayor experiencia de éxito de la sanidad española y es una organización que está en el Ministerio, pero también en las comunidades, que tiene una lista de trasplantes única, unos criterios únicos, un sistema de formación unificado…y ese tipo de servicios son los que queremos impulsar.

Queremos avanzar también en acuerdos sobre recursos humanos, porque ahí se han centrifugado un poco las cosas. Tenemos 17 carreras profesionales distintas, un sistema retributivo que no es compatible entre unas comunidades y otras, y se generan problemas del tipo que cuando un profesional se traslada se encuentra en una situación rara que no sabemos si podemos homologarle su carrera, sus retribuciones cambian porque ha cambiado de comunidad…y eso habría que tratar de integrarlo cada día un poco más.

También hay otra línea importantísima, que es la de establecer, también de manera cohesionada, un catálogo de prestaciones. Probablemente en este momento tengamos que acudir a una definición diversa de las prestaciones: esenciales, que son más o menos las que conocemos, y prestaciones complementarias que a lo mejor pueden quedar fuera del sistema por ser poco eficientes o por no afectar a cuestiones propiamente sanitarias. Aquí siempre hay debates locales por ejemplo cuando se nos reivindica el parking en un hospital, como si fuera una prestación sanitaria cuando no tiene nada que ver con la sanidad. Pero a lo mejor podemos decir cosas parecidas de algún tipo de trasplante sanitario o de algún tipo de intervención quirúrgica que no es vital ni afecta especialmente a la salud…ahí a lo mejor hay que definir un nivel de prestaciones esenciales que son el núcleo del derecho a la asistencia sanitaria y otras que se pueden prestar en determinadas condiciones o que cuando sea posible se puedan financiar por el sistema público o no.

Pero hay otra línea que me parece muy importante, aunque es más difusa. Tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar a los profesionales, que probablemente, y quizá en parte con razón, están viendo que se toman medidas de ahorro, pero son lo que son, podemos ahorrar en la comida de las guardias o en otras cosas, pero corremos el riesgo de un cierto desapego de los profesionales hacia el sistema y la sanidad pública. Eso me preocupa mucho y por eso creo que es importantísimo recuperar el papel de los profesionales, en especial de los médicos, y fundamentalmente orientarlo hacia una mayor responsabilidad, hacia la gestión clínica, hacia la mayor capacidad de tomar decisiones, porque si no perciben solo medidas de ahorro, algunas de las cuales les afectan directamente, y eso no puede ser porque lo que necesitamos son profesionales, y los tenemos magníficos, muy bien formados, pero necesitamos que estén más implicados, más vinculados, más comprometidos con el sistema, y con mayor capacidad de tomar decisiones.

¿Cree que esas medidas serían aceptadas por sus homólogos?

Entiendo que sí. Si no, nos podemos ver abocados a un sistema insostenible. Lo hemos practicado a través de convenios que mantenemos con todas las comunidades limítrofes. Por ejemplo, la reproducción asistida de La Rioja la hacemos en Castilla y León, pero el Hospital de Talavera nos atiende al sur de Ávila en algunos procesos oncológicos. Y lo hemos generalizado en todo el entorno. Castilla y León es la comunidad geográficamente más grande y limita con otras nueve autonomías, y hemos podido llegar a esos acuerdos. Pero es que es razonable y este tipo de medidas hay que adoptarlas.

Desde el punto de vista de las exclusiones de las prestaciones, tampoco creo que haya que excluir demasiado. A lo mejor hay que modular la lista de espera. Normalmente nos fijamos si esta crece en 10.000 o 5.000 pacientes o si la media aumenta 2 o 3 días, nos tiene que preocupar, pero nos tiene que preocupar más definir con claridad las prioridades y garantizar de verdad que los procesos oncológicos se intervienen en 15 días si es posible y desde luego nunca en más de 30, y a lo mejor hay que explicar que el juanete quizá tenga que esperar un poco más. Y hay que explicarlo porque si no se hace un totum revolutum en el que parece que si ha crecido un poco la lista de espera esto va muy mal, y a lo mejor la tenemos bien jerarquizada, o no, y crece porque hay más juanetes pero porque nos hemos dedicado a intervenir cáncer de colon, y eso no me parece mal.

Creo que deberían ser medidas por lo menos valoradas y son perfectamente asumibles. Al final el problema que podemos tener es que gracias a un gran discurso de defensa de la sanidad pública si no adoptamos algunas medidas de este tipo lo que la estamos poniendo es en riesgo, porque si se reducen los ingresos puede terminar por no ser sostenible. Este es un problema material, tenemos que llegar a pagar la nómina no solo de enero y febrero, sino también de noviembre y diciembre, y eso exige tener tesorería, tener ingresos, y la situación económica hace que se generen menos. Es un problema yo diría más técnico que ideológico o político. Desde luego en Castilla y León ha apostado mucho por la sanidad pública y ha conseguido muy buenos resultados, pero ahora, porque quiere seguir apostando por la sanidad pública, tiene que tomar algunas medidas de este tipo y proponer otras de consenso a nivel nacional.

Citaba los acuerdos a los que ha llegado con las regiones limítrofes. Hace pocas fechas hemos tenido el conflicto entre algunas comunidades. ¿Cómo se ve eso desde Castilla y León? ¿Puede ser una solución el Fondo de Garantías anunciado por la ministra?

Me preocupa mucho esta situación porque creo además que ha estado a punto de desencadenarse. He hablado muchas veces con el consejero de Sanidad vasco (Rafael Bengoa) sobre este tema, y con la ministra Ana Mato. Creo que en un tablero como el autonómico esto es peligrosísimo, porque si alguien le cobra al de al lado, este a su vez le cobrará al del otro lado, esto se generaliza y seguramente hubiera sido el peor escenario para la sanidad pública. Hablé con la ministra de esto y afortunadamente creo que este Fondo de Garantía Asistencial será fundamental.

Hay una propuesta que ha hecho el diputado socialista Ramón Jáuregui que a mí no me gusta y que viene a decir que se coordine a través del Ministerio un sistema de pago entre comunidades autónomas. No me gusta porque es motivo perverso y de mucho debate. Prefiero un sistema de ese tipo, del fondo de cohesión y el fondo de garantía asistencial, combinado con acuerdos bilaterales entre comunidades porque hay cuestiones como la atención del núcleo de población limítrofe entre una región y otra que lo lógico es que nos entendamos las comunidades, pero hay otros aspectos de mayor dimensión que debe coordinarlas el Ministerio, como algún tipo de derivaciones, algunos servicios más especializados, etc. Creo que hay que compatibilizar las dos porque ese es el Estado Autonómico: cooperación vertical entre el Estado y las comunidades, y también cooperación horizontal entre las regiones porque hay temas que son o bien solo competencia autonómica o bien por razones territoriales exceden ese ámbito.

Copago es una palabra que tiene unas connotaciones no demasiado buenas, pero nos gustaría que nos diera su opinión acerca de iniciativas como el euro por receta de Cataluña.

Creo que hay que hacer dos cosas: ingresar más por alguna vía y gastar un poco menos y mejor, sobre todo para evitar que el gasto siga creciendo al ritmo que estaba creciendo y se ha demostrado que no es asumible. A partir de ahí, creo que hay margen para incorporar medidas de eficiencia.

Me niego a que el debate se centre en copago sí o copago no, porque eso es pervertir el debate, que tiene muchísimas aristas más. Respecto al copago, nunca he sido muy partidario, creo que no resuelve problemas de ingresos, porque debería ser un copago inimaginable en términos de cuantía para que lo resolviera, no sé si contribuye demasiado a reducir la utilización de los servicios o las prestaciones. La prueba la tenemos en el copago farmacéutico, que es el único que tenemos en España, y desde luego el gasto farmacéutico en España es elevadísimo. Por tanto, no sé si el copago funciona como mecanismo corrector, y como mecanismo para mejorar los ingresos creo que es muy relativo. Cataluña ha implantado esa tasa de un euro por receta, que en realidad es copago aunque formalmente sea una tasa. En Castilla y León prescribimos 52 millones de recetas, pero si lo implantáramos, habría que hacer correcciones: que nadie pague más de x dinero al año, que los pensionistas paguen un poco menos, que los tratamientos crónicos también…y al final se reduce la capacidad de generar ingresos y no sé si disuade mucho.

Prefiero hablar de otro tipo de medidas como medidas de mejora de la eficiencia vinculadas a la gestión clínica, a la integración de Atención Primaria y Especializada, que aquí estamos trabajando con cierta intensidad, de abordar la cronicidad de otra manera, de mejorar la capacidad de compra y almacenamiento…Hay margen para que no hablemos solo de copago, aunque también habrá que hablar.

Algunas autonomías han optado por unir las áreas de Sanidad y Servicios Sociales al menos orgánicamente. ¿La crisis es un freno para trabajar en la integración de las áreas sociosanitarias?

Aunque no se ha integrado orgánicamente, en Castilla y León ya veníamos haciendo cosas en este sentido. Hay dos planes sociosanitarios en marcha, hay estructuras de coordinación sociosanitaria de base en los centros de salud y los centros de acción social…Recientemente hemos suscrito un convenio para subvencionar conjuntamente Servicios Sociales y Sanidad unidades de convalecencia en centros residenciales que nos permitan dar altas cuando la situación clínica lo permite un poco más precoces y que la convalecencia, que es menos compleja, sea en residencias. Por tanto, si trabajamos en ello, aunque no hemos integrado.

Respecto a la cronicidad, la idea que tenemos es intentar ser capaces de aprobar antes de verano la Estrategia de Atención a Pacientes Crónicos. Hay un primer borrador que hemos trasladado al Consejo General de Salud e introduce alguna de las adaptaciones para abordar este fenómeno que demuestra lo lentos que somos en la sanidad pública, porque parece como si el fenómeno de la cronicidad fuera nuevo, y nuestros hospitales están mucho más adaptados al tratamiento de procesos de corta duración. Será muy importante también la conexión entre Primaria y Especializada, el papel de la enfermería, pero también la implicación de los pacientes, a los que hay que reclamarles un uso más racional de los recursos.

En este sentido hay que trasladarle a los ciudadanos el mensaje de la necesidad de hacer mejor uso de los recursos sanitarios, y ahí hemos empezado a entregar la factura sombra, aunque por ahora solo en el ámbito de la prescripción farmacéutica y luego lo expandiremos. La gente tiene que ser consciente de que la sanidad pública es de todos, debe ser para todos, pero también es una responsabilidad de todos y según como la utilicemos cambian mucho las cosas. Creo que hay que incidir en este punto también.

Lleva ya un tiempo al frente de la Consejería. ¿Qué valoración puede hacer de este periodo complicado?

Tengo la ventaja de que ya me tocó otra época complicada que fue el momento de las transferencias y de montar el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), que también fue un momento de incertidumbre y dificultad. Ahora me ha sorprendido la plasticidad de la organización sanitaria y que en su conjunto hablamos de cómo hacer las cosas de otra manera. También me ha llamado la atención la difícil situación, el problema de la deuda, que afortunadamente solventaremos, porque no es sencillo tener que hablar con proveedores que te están diciendo que están al límite o conocer que algunos han tenido que cerrar su negocio por el impago de la administración.

Pero como digo, lo que más me ha sorprendido es la plasticidad de la organización. En estos momentos la Administración, los profesionales, cada vez hablamos más de cómo cambiar las formas de trabajo, cómo afrontar esta nueva situación, y esto es una señal muy positiva, porque corríamos el riesgo de morir de éxito y una situación de dificultad activa un poco y es la oportunidad de generar algunos cambios que nos proyecten de nuevo hacia el futuro.

En Castilla y León tenemos una sanidad pública excelente, bien apreciada por los ciudadanos, y el mayor reto es contribuir desde su dirección a que no perdamos casi nada, aunque soy consciente de que alguna cosa habrá que perder. Pero queremos que en lo fundamental se mantenga tal y como lo conocemos hoy.

¿Qué diferencias advierte entre su época como gerente de Sacyl y ahora como consejero? ¿Está igual de cómodo ahora que antes?

No sabría decirle, porque desde la Consejería siempre tiendes a que te planteen los problemas cuasi resueltos, pero soy una persona a la que le gusta estar en los temas y tener el conocimiento de las cosas.

La experiencia previa es buena, pero tiene el riesgo también de querer entrar en exceso en los temas. Aun así, creo que se puede compatibilizar las dos formas de trabajar.

Por otro lado, en la Consejería hay que dar la cara desde el punto de vista político y ante la sociedad. Pero la suerte es que en la Consejería tenemos muy buen equipo de profesionales.

Y además muy buena cantera…¿Facilita el contacto el hecho de que haya dos personas en el Ministerio que llegan desde Castilla y León?

Esa cercanía siempre lo hace más sencillo. Por razones obvias hablo más con la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, porque coincidí con ella siendo ambos directores generales de Salud Pública en la época de las vacas locas, que fue una época convulsa, y eso también facilita las cosas.

La ministra también es una persona muy accesible. Las dos o tres veces que he tenido que hablar con ella en seguida nos hemos puesto en contacto y ha entendido los planteamientos que yo le hacía.

¿Antes no pasaba lo mismo? Nos consta que algún consejero se quejaba de que no era muy accesible…

Coincidí poco tiempo con Leire Pajín, y era un Ministerio ya en recogida. Personalmente no lo puedo decir, pero sí tengo entendido que no solo por la ministra, que quizá también, sino que era un Ministerio en general muy poco accesible para las comunidades.

Eso es un cambio muy importante. Ha sido un acierto que hayan fichado gente de comunidades autónomas porque da otra perspectiva. La endogamia ministerial crea unas castas que al final entienden solo en lo que están. Ahora, con gente que viene de las autonomías, igual se entiende mejor la postura de las comunidades.